A diario tenemos noticias en todos los medios de comunicación (o casi todos) en torno a las presiones y chantajes políticos que los nacionalismos catalán y vasco ejercen sobre el Gobierno de España: cesiones políticas, ampliación del techo competencial autonómico, constantes re-negociaciones del régimen fiscal autonómico…Mientras la clase política de estas dos autonomías de España se gasta lo indecible en embajadas en el exterior, subvenciones a entidades «cívicas» y «culturales» que fomentan el sentimiento nacionalista entre la población, políticas lingüísticas de corte fascista y excluyente para con el castellano, o en extender sus tentáculos sobre la identidad regional de las autonomías vecinas de la forma más vil y anticonstitucional, nos encontramos con la paradójica situación de que se trata de las dos autonomías más beneficiadas a nivel político y económico de toda España.
Así, nos encontramos con el hecho de que, por ejemplo, el 30% de toda la deuda nacional corresponde a Cataluña. O de que el IVA recaudado en Euskadi es retenido por esta autonomía en una primera fase (que nunca o casi nunca acaban devolviendo, alegando «desacuerdos técnicos»), y el 100% del IVA recaudado en Cataluña es revertido por el Estado a esta autonomía.
Así es: a pesar del trato de favor y las asimetrías autonómicas generadas por estas comunidades, su insaciabilidad nacionalista parece ilimitada, y ello se manifiesta a diario por boca de voces «autorizadas» cuyo único cometido es el de vomitar y expandir su odio hacia todo lo que representa a España, a la Constitución, a los valores de unidad y solidaridad, y, en último término, a los españoles que creemos en nuestro país: la inmensa mayoría.
Es de justicia, pues, y un ejercicio de libertad en toda regla, que los ciudadanos, hartos de la exclusión y el expolio al que nos someten con sus chantajes y consignas, tomemos la iniciativa de ejercer nuestra capacidad de elección, y prefiramos adquirir productos fabricados en cualquier región de España antes que otros fabricados en cualquiera de estas comunidades autónomas.
Si es cierto, según el sector nacionalista, que Cataluña aporta más de lo que recibe al común nacional, y que gracias a su generosa contribución se sostienen autonomías como la extremeña, es de justicia que nosotros contribuyamos al crecimiento de Extremadura dando preferencia a sus productos, por ejemplo.
Un boicot de estas características puede provocar daños colaterales, seamos también conscientes de ello. Pero debemos tener en cuenta varios factores:
1. Algunos ciudadanos, pese a no considerarse nacionalistas, acaban votando a partidos políticos como CiU, PNV, ERC… alegando que «un partido de ese corte hace una defensa más firme de Cataluña (o Euskadi)». Hagamos ver a esos ciudadanos que votar en clave nacionalista representa finalmente un perjuicio contra su CCAA, e invitémosles a replantearse su voto.
2. Invitemos también a las grandes multinacionales con domicilio social en estos territorios a plantearse desplazar su sede a otras provincias españolas. La imagen del domicilio social en Barcelona, o el RSI identificado con una B, por ejemplo, está cada día sociológicamente peor visto. Y entendemos que el objetivo de cualquier multinacional que opera en el mercado español es el de vender sus productos. Ello contribuirá positivamente a la mejora de imagen de marca y al apalancamiento positivo de sus ventas.
3. En términos de empleo neto, los puestos de trabajo que se puedan perder en estas comunidades, derivados del descenso en ventas de sus productos, serán generados en otros territorios para suplir la diferencia en demanda de bienes y servicios, por lo que, en datos agregados, es esperable que este factor no se verá sustancialmente alterado.
Productos catalanes y vascos... No gracias 